La administración de Donald Trump presentó su intervención federal en Washington D.C. como una ofensiva contra el crimen, pero datos analizados por AP revelan que más del 40 por ciento de los arrestos estuvieron relacionados con inmigración.
Aunque el gobierno informa más de 2.300 detenciones, incluidas por homicidio, pandillas y armas, el alto número de migrantes arrestados —casi mil personas— ha generado críticas de que la operación buscaba principalmente aumentar deportaciones.
El Ejecutivo argumenta que migración y criminalidad están ligadas, pero no queda claro cuántos detenidos enfrentaban cargos graves. Documentos internos muestran que solo una parte de los inmigrantes arrestados tenía antecedentes penales.
Trump declaró una “emergencia de criminalidad” en agosto para tomar control parcial de la policía capitalina y desplegar Guardia Nacional y agentes federales. Aunque la orden ya expiró, el gobierno mantuvo presión para que D.C. abandonara sus políticas de “ciudad santuario”, obligando a la policía local a cooperar con ICE.
Mientras la Casa Blanca defiende la estrategia como un esfuerzo por reducir delitos violentos, críticos sostienen que fue una maniobra política y un ensayo de intervención en ciudades demócratas como Chicago. Organizaciones migrantes denuncian que la operación instaló un clima de miedo, limitando la vida cotidiana de las comunidades inmigrantes, pese a que investigaciones académicas no han encontrado una relación directa entre inmigración y violencia criminal.
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